Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y en gran parte gracias a la fuerza expansiva adquirida por el discurso de los Derechos Humanos, se ha ido abriendo camino a un nuevo termino, Estado Constitucional, que, si bien en principios hace referencia a una forma de organización política, ha traído profundas consecuencias en la conceptualización misma del Estado y su institucionalidad, funcionalidad y estabilidad y, por ende, en la concepción del Derecho y, lo más importante, en su práctica y aplicación. En efecto, en tanto el Estado Constitucional se caracteriza por tratarse de un modelo en el que la Constitución se concibe como un conjunto de normas con un fuerte contenido material que regulan y limitan la actividad de todos los sujetos políticamente activos –público y privados– a través del establecimiento de ciertos fines y objetivos, la Constitución cobre una posición de privilegio por cuenta, al integrarse en ella tanto la dimensión política como la moral a la jurídica, se convierten en la pieza angular a partir de la cual se compone hoy la noción de orden público y de ordenamiento jurídico.